En
1492 termina, pues, la historia del judaísmo español, que sólo llevará en
adelante una existencia subterránea, siempre amenazada por el aparato
inquisitorial y la suspicacia de una opinión pública que veía en judíos,
judaizantes e incluso conversos sinceros a unos enemigos naturales del
catolicismo y de la idiosincrasia española, tal como la entendieron e
impusieron algunos responsables eclesiásticos e intelectuales, en una
actitud que rayaba en el racismo. Queda por sacar en claro los motivos que
empujaron a los Reyes Católicos a tomar tan drástica medida. Se ha gastado
infinidad de tinta en este esfuerzo y se han propuesto interpretaciones de
toda clase, algunas francamente descabelladas. Todas estas interpretaciones
pueden agruparse en torno a unos pocos esquemas.
Hay que
descartar, en primer lugar, una interpretación simplista: la codicia de unos
soberanos apremiados por las necesidades financieras y deseosos de hacerse
con la fortuna de los judíos. La hipótesis no resiste al examen. Súbditos y
vasallos de la corona, los judíos dependían totalmente de ella; no disponían
como los cristianos de una institución como las Cortes capaz de poner
ciertos límites, siempre teóricos y muy relativos, pero reales. Los judíos
no tenían ninguna garantía. Los monarcas podían exigir de ellos lo que se
les antojaba y así lo hicieron en varias circunstancias
a lo largo de la Edad Media y en tiempos de los Reyes Católicos, con motivo,
por ejemplo, de la guerra de Granada. No se entiende lo que hubieran ganado
los reyes con despojar a los judíos en el momento de la expulsión. Del
edicto sacaron provecho particulares sin escrúpulos que compraron por poco
dinero bienes valiosos y cometieron otros muchos abusos. La corona no parece
que se haya beneficiado mucho de la operación. Los judíos les interesaban
más como contribuyentes, pero con la expulsión de los contribuyentes
desaparecen las contribuciones. Como dijo un día Antonio Domínguez Ortiz, la
mejor manera de establecer un impuesto sobre el capital no es suprimir el
capitalismo y los capitalistas; sería matar la gallina de los huevos de oro.
La expulsión obligó a los judíos a malvender sus bienes en pocas semanas y
en condiciones muy arriesgadas, pero no significó una confiscación en
beneficio de la corona. Esta exigió, naturalmente, que los judíos le pagasen
lo que le debían, pero tampoco aprovechó la oportunidad para despojarlos. En
este sentido merece citarse la carta de Don Fernando al gobernador de
Aragón, el 11 de junio de 1492: «Tenemos admiración que penséis que queramos
tomar para Nos los bienes de los judíos, porque es cosa muy apartada de
Nuestra voluntad [...]. Bien queremos que nuestra corte cobre, como es
razón, todo lo que de justicia le perteneciere en los dichos bienes, así por
las deudas que nos deben los dichos judíos como por razón de la pecha y
otras rentas reales que tenemos sobre esa aljama; pero, pagado lo que a Nos
pertenece y lo que se debe a los acreedores, lo que quedare se debe
restituir a los judíos, a cada uno lo suyo, para que hagan dello a su
voluntad».
Además, se ha exagerado mucho la
importancia de los judíos en la vida económica y su papel como motor del
capitalismo incipiente. En el momento de la expulsión esta importancia y
este papel ya no eran lo que habían sido. En vista de la documentación
publicada sobre fiscalidad y actividades económicas, no cabe la menor duda
de que los judíos no constituían ya una fuente de riqueza relevante, ni como
banqueros ni como arrendatarios de rentas ni como mercaderes que
desarrollasen negocios a nivel internacional. Es lo que confirma la
situación en 1492 y en los años siguientes. La expulsión provocó en muchas
localidades trastornos de todo tipo en la actividad económica. Hubo que
prescindir de la noche a la mañana de determinados artesanos o comerciantes.
Las rentas acusaron a veces bajas importantes, como está documentado para
Sevilla y como se puede averiguar en otras muchas partes. A decir verdad,
las dificultades habían empezado unos diez años antes con el establecimiento
de la Inquisición; la emigración de conversos sevillanos a lugares de
señorío acarreó un verdadero colapso en el comercio de la ciudad y en las
rentas reales; su marcha provocó gran mengua en las finanzas municipales; el
mayordomo Juan de Sevilla escribe el 2 de septiembre de 1482: «Los cuales
dichos conversos eran los principales arrendadores». Lo mismo ocurrió en
Zamora, Barcelona y otras muchas ciudades. A los reyes no se les había
ocultado que su política en relación con judíos y conversos podía acarrear
consecuencias de este tipo; lo pospusieron todo al objetivo que se habían
fijado; es lo que se ve por la respuesta de Don Fernando a la ciudad de
Barcelona: «Antes que nos hubiésemos deliberado en dar lugar en que esta
Inquisición se hiciese en ciudad alguna de nuestros reinos, hubimos bien
considerado y visto todos los daños e incrementos que desto se podía seguir
y que a nuestros derechos y rentas reales le provendría. Pero como nuestra
firme intención y celo es anteponer el servicio de Nuestro Señor Dios al
nuestro [...], queremos que aquélla en todo caso se haga, todos otros
intereses posposados». En la Crónica de Pulgar (cap. CXX), se
atribuye a la reina la misma idea, casi en los mismos términos: «Como quiera
que la ausencia desta gente despobló gran parte de la ciudad [Sevilla] y fue
notificado a la reina que el gran trato que en ella había se disminuía y sus
rentas por esta causa se abajaban en gran cantidad, pero ella estimaba en
muy poco la disminución de sus rentas y decía que, todo interés pospuesto,
quería limpiar su reino de aquel pecado de herejía». Esto demuestra que los
Estados no siempre determinan su conducta en función del mero interés
económico; en ciertas circunstancias son capaces de sacrificar
deliberadamente intereses de este tipo para conseguir fines, incluso
ideológicos, que les parecen merecer toda su atención, cueste lo que cueste
17 ( La
historia de la Unión Soviética ofrece un notable ejemplo de ello. Sus
dirigentes sabían perfectamente que su política de liquidación del
campesinado libre y la instauración de una economía sometida al control del
Estado iba a provocar de inmediato un caos perjudicial al desarrollo de la
producción; no obstante, mantuvieron durante lustros la línea fijada porque
lo que les interesaba más era la edificación de un nuevo tipo de sociedad
basada en el colectivismo. En este caso sacrificaron el rendimiento y la
productividad económica a una ideología. R ARaN (Plaidoyer pour l'Europe
décadente, París, 1977, p. 85): «[los dirigentes soviéticos]
subordonnent la rationalité économique a la rationalité idéologique; ou
encore, si l'on préfere une autre expression, ils préferent l'idéologie a
l'économie, le dogme de la propriété collective au regain de l'esprit
individualiste, lié a la propriété privée».).
De todas formas, la expulsión de
los judíos produjo problemas a nivel local, pero no una catástrofe nacional.
Es a todas luces descabellado atribuir a aquel acontecimiento la decadencia
de España y su pretendida incapacidad a adaptarse a las transformaciones del
mundo moderno. Todo lo que sabemos ahora demuestra que la España del siglo
XVI no era precisamente una nación económicamente atrasada. Su pujanza, en
el terreno demográfico y comercial, le venía de antes y la expansión se
prolongó por lo menos hasta finales de la centuria. La expulsión de los
judíos se realizó en un momento de auge y prosperidad. En términos
estrictamente demográficos y económicos y prescindiendo de los aspectos
humanos, la expulsión no supuso para España ningún deterioro sustancial,
sino solamente una crisis pasajera rápidamente superada. En muchos casos los judíos
habían sido desplazados por los conversos, pero éstos no estaban implicados
en el edicto de 1492. Ahora bien, subrayan los partidarios de esta tesis, no
se puede separar a los judíos de los conversos; ambos grupos están unidos en
una común persecución: se destierra a los unos; la Inquisición se encarga de
los otros. Es cierto y, con este argumento, pasamos a una interpretación más
amplia, de tipo materialista, que ha conocido larga difusión. Estaríamos
frente a un episodio de la lucha de clases entre los tradicionales grupos de
privilegiados y una burguesía incipiente. Según esta tesis, la expulsión
habría sido inspirada por la nobleza feudal a fin de eliminar aquel sector
de las clases medias -los judíos, principalmente que podía constituir una
amenaza para ella y para su ambición de dominar y controlar el Estado; la
nobleza como tal representaba un estamento del pasado y se negaba a admitir
la influencia creciente en la sociedad de aquellos elementos que se apoyaban
en el capital y en las actividades económicas. La defensa de la fe y de la
ortodoxia no serían, pues, sino un mero disfraz ideológico para encubrir
objetivos mucho más concretos; por medio de las sentencias de muerte,
confiscaciones de bienes, inhabilitación para ocupar cargos públicos, que
eran las penas pronunciadas por la Inquisición contra los judaizantes, de lo
que se trataba en realidad era de amedrentar a todos los conversos y
eliminar una clase rival, la burguesía incipiente; la expulsión de los
judíos era la prolongación lógica y cronológica de la creación del Santo
Oficio y perseguía los mismos fines 18
(Ésta
es también la tesis defendida hace algunos años por J. A SARAIVA (A
Inquisiçáo portuguesa, Lisboa, 1956; Inquisiçáo e Cristiáos novos,
aporto, 1969) y B. NETANYAHU (The Marranos of Spain. From the late
XIVth to the early XVIth Century, Nueva York, 1966): la religión fue un
simple disfraz para encubrir una lucha de clases; lo que se procuraba no era
la extirpación del judaísmo, sino la eliminación de los marranos, ya que en
realidad la inmensa mayoría de los conversos eran crístianos sinceros;
paradójicamente, fue la Inquisición la que dio un nuevo impulso al
marranismo. I. S. REVAH (Les Marranes portugais),
buen conocedor del marranismo peninsular, se opuso rotundamente a esta
interpretación: «Si tous les nouveaux chrétiens avaient été persécutés sans
motif religieux réel, on ne s'expliquerait pas que tant de milliers d'entre
eux se soient enfuis, du XVI' au XVIII' siecle, pour rejoindre les
communautés juives ou en fonder de nouvelles dans des pays ou le judáisme
était auparavant toléré officieusement, publiquement admis ou parfois
totalement inconnu».).
Las cosas no son tan claras.
Sería absurdo sostener que la política religiosa de los Reyes Católicos se
guiaba sólo en el terreno de las ideas puras, sin mezcla de consideraciones
materiales. Estaban en juego muchas cosas: intereses concretos, desde luego,
pero también la concepción de lo que debía ser el Estado moderno. En sí la
interpretación de determinados acontecimientos en términos de lucha de
clases es aceptable; todo depende de las situaciones que se pretende
explicar. ¿Fueron la Inquisición y la expulsión de los judíos un episodio de
la lucha de clases? Una respuesta afirmativa implica dos condiciones
previas:
-Que existan clases
-Que estas clases estén
enfrentadas.
Demos por sentado que la nobleza
formara una clase social, a pesar de los distintos niveles que puedan
existir en su seno,
les den ayuda incurren en pena de confiscación de bienes, vasallos,
fortalezas, heredamientos, mercedes. Esta mención, por sí sola, nos enseña
que los Reyes Católicos sospechaban de una posible intervención de los
nobles a favor de los judíos. Un episodio posterior acaba aclarando el
problema. La revolución comunera fue, a mi juicio, de claro sentido moderno;
trató de cambiar profundamente la ordenación política del reino,
introduciendo un control sobre el poder real. Fue, si se quiere, un
movimiento burgués o, por lo menos, de clases medias. Pues bien, la
revolución comunera fracasó porque chocó con la oposición de la nobleza y
también con la de los auténticos burgueses, los de Burgos. La defección de
Burgos y su adhesión a los gobernadores fueron un golpe durísimo asestado a
la Junta de Tordesillas que nunca volvió a recuperarse. En esta ocasión, los
burgueses, dueños del gran comercio internacional, se sintieron solidarios
de los magnates, ya que sus intereses eran exactamente complementarios: a
los nobles, como propietarios de ganados y pastos, les convenía mantener la
producción de lana merina que los negociantes de Burgos vendían en el
extranjero. No puede darse caso más evidente de solidaridad política basada
en intereses económicos complementarios. Sería, pues, erróneo ver en la
nobleza y en la burguesía castellanas de fines del siglo XV y principios del
XVI dos clases antagónicas; todo parece indicar lo contrario. En
una variante de la interpretación clasista no es la nobleza la que se
propone eliminar a los judíos, sino la burguesía o, mejor dicho, las
oligarquías urbanas.
Estas han apoyado a los Reyes Católicos durante la
guerra de sucesión y les han permitido acceder al poder. Como recompensa,
habrían exigido y obtenido la expulsión de los judíos. Es cierto que varios
concejos y las Cortes, emanación de las ciudades, se han mostrado en
repetidas ocasiones hostiles a los judíos, pidiendo el cumplimiento de
disposiciones anteriores sobre discriminación de aquella categoría y,
principalmente, la aplicación de las leyes contra la usura. Es que las
oligarquías urbanas, cuya voz se oye en las Cortes, representación de las
ciudades, son deudoras de prestamistas judíos, tanto a título personal como
colectivo, como miembros de los regimientos; por ello ponen tanto empeño en
reclamar que se prohíba o regule la que ellas llaman usura. Desde 1480 en
adelante, los reyes
habían satisfecho aquellas reivindicaciones y se habían mostrado muy
rigurosos en llevarlas a la práctica. Aquella tesis no tiene en cuenta dos
elementos de la cuestión. Primero, la expulsión viene a completar el
dispositivo iniciado con la creación de la Inquisición, es decir, que no son
únicamente los judíos los perseguidos, sino también los conversos. Si se
tiene en cuenta la posición que los conversos ocupaban en los regimientos,
no se explica que estos regimientos hubieran desencadenado una represión que
forzosamente recaía también sobre los conversos. En segundo lugar, los Reyes
Católicos controlan los regimientos: la presencia de corregidores, de
nombramiento real, en las principales ciudades impide a los municipios
entrometerse en ciertos asuntos que se consideran reservados a la corona;
los mismos corregidores tienen gran cuidado de evitar que se designen como
procuradores a Cortes a personas que puedan encabezar cualquier forma de
oposición; los corregidores procuran también que no se den a aquellos
procuradores poderes limitados o condicionales como sería votar los
servicios a cambio de determinadas concesiones por parte de la corona. Todo
está previsto, pues, para que no surjan oposiciones y para que la corona
tenga en cada momento las manos libres. En estas condiciones, ¿cómo hubieran
podido las oligarquías urbanas imponer a un régimen autoritario como el de
los Reyes Católicos una decisión de tanta trascendencia como la expulsión de
los judíos? Parece muy poco probable.
Ninguna de
las interpretaciones precedentes se ajusta, pues, a la realidad histórica.
Es que buscan en el edicto de 1492 segundas intenciones, lo que puede haber
detrás del disfraz ideológico. Si en vez de tratar de descubrir en el edicto
lo que se calla intentamos analizar lo que se dice, nos encontramos con una
evidencia, una perogrullada si se quiere: los reyes justifican su decisión
por motivos únicamente religiosos; lo que les preocupa es la asimilación
total y definitiva de los conversos; para ello, fracasadas las medidas
anteriores, acuden a una solución drástica: la expulsión de los judíos para
cortar de cuajo el mal. ¿Por qué no tomar en serio aquella voluntad
declarada? Hay una lógica antiherética en el edicto; lo que importa es
explicarla: ¿cómo entender este ensañamiento contra judíos y judaizantes, si
descartamos toda explicación fundada en las infraestructuras sociales y
económicas, ya que por esta vía parece que no llegamos a ninguna parte?
Planteada
así la cuestión, topamos con una respuesta simple ya decir verdad simplista:
el odio de las masas cristianoviejas contra judíos y conversos, odio que los
reyes o bien comparten personalmente o bien utilizan de una manera
demagógica para congraciarse con la opinión pública, diríamos hoy, y seguir
la corriente mayoritaria. Lo primero es insostenible. Todo indica, al
contrario, que los reyes no sentían ninguna repugnancia personal hacia
judíos y conversos. Varios de sus colaboradores de más confianza procedían
de este grupo. Pensemos en el mayordomo Andrés de Cabrera, que desempeñó un
papel decisivo en la proclamación de Doña Isabel; pensemos en Abraham Seneor
, que también interviene en los primeros meses del reinado, prestando dinero
en momentos de apuros, a quien los reyes confían los mecanismos financieros
de la Santa Hermandad ya quien nombran tesorero mayor del reino. Pensemos en
otros muchos judíos (Mayr Melamed, Isaac Abravanel...) que ocupan puestos
clave, sin hablar de los médicos que asisten a la reina en el cuidado de su
salud o en circunstancias delicadas. Pensemos en fray Hernando de Talavera,
confesór de Doña Isabel, a quien encontramos en todos los acontecimientos
importantes: la guerra de sucesión, la reorganización llevada a cabo en las
Cortes de Toledo, la puesta en marcha de la Santa Hermandad, la guerra de
Granada, las discusiones con Colón a propósito de los viajes de descubrimiento...
Otro tanto se puede decir de Don Fernando. Los reyes no manifestaron, pues,
ninguna repugnancia u odio personal contra judíos o conversos; de lo
contrario, no se comprendería que se hubiesen rodeado de tantos judíos hasta
1492 y de tantos conversos, antes y después de 1492.
¿Trataron
los reyes de congraciarse con las masas fingiendo compartir unos prejuicios
de que ellos mismos estaban alejados? Esto es más o menos lo que sugiere
Américo Castro: el rey -a quien Castro atribuye el protagonismo principal en
el asunto-19 (Opinión
compartida por algunas fuentes israelitas.) tomó la decisión de expulsar a los judíos a fin de complacer al
pueblo y crear una monarquía popular. La hipótesis no tiene sentido. Los
reyes imponen un régimen autoritario; no permiten que el estamento nobiliario se entrometa en
los asuntos políticos; procuran limitar al máximo los privilegios del clero
en materia de jurisdicción; reducen el papel de las Cortes y ¿hubieran
capitulado ante una opinión pública que no tenía un ápice de representación
organizada en aquella época? Es totalmente improbable. En otro libro, he
tratado de señalar cuál era la base social del régimen de los Reyes
Católicos: esencialmente la nobleza, el clero, las clases medias {ganaderos,
comerciantes, letrados); la política económica de los reyes favorece a la
Mesta, a la ganadería trashumante, a la exportación de lanas y materias
primas, en detrimento de los agricultores, artesanos y manufactureros; éstas
son las clases aplastadas, en palabras de Pierre Vilar: el
campesinado castellano esencialmente que formaba la inmensa mayoría de la
población, pero una mayoría muda, que no tiene la palabra ni a nadie que
hable por ella para defenderla y que se ve sacrificada. ¿Por qué hubieran
tenido los reyes que preocuparse por lo que opinaban las masas acerca de
judíos y conversos cuando no atendían a los intereses más concretos de
aquellas masas? De las tres versiones que se conservan del edicto de
expulsión -la de Torquemada, la castellana y la aragonesa-, sólo la tercera,
firmada sólo por Don Fernando, se refiere al tema de la usura, en términos
muy duros, por cierto: «Hallamos los dichos judíos, por medio de grandísimas
e insoportables usuras, devorar y absorber las haciendas y sustancias de los
cristianos, ejerciendo inicuamente y sin piedad la pravedad usuraria contra
los dichos cristianos públicamente y manifiesta como contra enemigos y
reputándolos idólatras, de lo cual graves querellas de nuestros súbditos y
naturales a nuestras orejas han pervenido». En las otras dos versiones no se
lee una sola mención, ni siquiera la menor alusión, a este asunto. Otras de
las acusaciones que se venían repitiendo desde hacía siglos contra los
judíos, pueblo deicida, profanación de hostias, crímenes rituales..., no
aparecen en ninguna de las tres versiones a pesar del muy reciente caso del
Santo Niño de La Guardia, cuyo desenlace ocurrió sólo cuatro meses antes de
la firma del decreto. Lo que sobresale en el decreto son los aspectos
religiosos. No cabe duda de que las medidas represivas contra judíos y
conversos encontraron amplia aceptación en las masas cristianoviejas pero
ello no significa que hayan sido inspiradas por aquellas masas.
Varios autores lo admiten hoy: es el celo por
la religión el que inspira fundamentalmente a los reyes a la hora de
expulsar a los judíos. No se trataría de antisemitismo en el sentido moderno
de la palabra, sino de antijudaísmo. A partir de estas premisas, correctas
desde luego, algunos van más lejos: todo lo explican por el fanatismo de una
reina 20 (
Es sobre todo a Isabel a quien se carga con
esta tacha; a Fernando -¿será la influencia del juicio de Maquiavelo?se le
atribuyen motivaciones más racionales: utilizar la religión con fines
políticos. Sin embargo, Llorente, en su famosa historia de la Inquisición
publicada a principios del siglo XIX, achaca la creación del Santo Oficio a
una iniciativa de Don Fernando, mucho más entusiasta que la reina en este
asunto.
)
impregnada de devoción, dispuesta a
sacrificarlo todo por ensalzar la fe católica, por complacer a Dios. No
parece acertado este camino.
Desde luego, Fernando e Isabel eran
sinceramente católicos y procuraban cumplir los preceptos y las obligaciones
que ello suponía. Es posible que Isabel lo fuera más que Fernando y que haya
llevado hasta la perfección el cultivo de las virtudes evangélicas; por ello
han pensado algunos en nuestro tiempo que merecía ser canonizada. No puedo
ni quiero terciar en este tema; doctores tiene la Iglesia para estos casos.
Lo que pasa en el fuero interno, nadie lo sabe a ciencia cierta. Al
historiador sólo le compete examinar los hechos en su objetividad. Desde
este punto de vista, Fernando e Isabel fueron esencialmente monarcas,
políticos, y como tales hay que valorar su conducta. Cualesquiera que fueran
sus sentimientos íntimos, realizaron una labor que se puede apreciar en
términos objetivos, sin apelar a motivos de índole religiosa. Antes de que
empezara el reinado, en 1473, el poeta y futuro colaborador de los Reyes
Católicos Gómez Manrique daba estos consejos a la princesa Isabel: «No os
demandarán / cuenta de lo que rezáis; / ni si os disciplináis / no os lo
preguntarán./ De justicia si hicistes, / despojada de pasión; / si los
culpados punistes, / o los malos consentistes. / [...] Desto será la
cuestióm» .Lo que se propone a la futura reina es
un programa esencialmente político; se la invita a no confundir los planes:
la religión es una cosa; la política es otra; puede que coincidan; puede que
no. Naturalmente, no conviene llevar la separación
demasiado lejos; Fernando e Isabel no son ni
podían ser indiferentes a los problemas religiosos; pero, en el fondo,
Gómez Manrique tiene razón: son jefes de Estado y sus preocupaciones
esenciales son de orden temporal; no subordinan la política a la religión.
Maquiavelo insinuaba lo contrario: para él, Fernando por lo menos tuvo la
tentación de utilizar la religión para fines políticos; al fin y al cabo la
Inquisición es una cuestión política. El restablecimiento del prestigio de
la monarquía, la creación del Estado moderno, la guerra de Granada, la
expansión en Italia yen el Nuevo Mundo, todo ello puede explicarse sin tener
que acudir a una inspiración predominantemente religiosa. No hay ningún
motivo objetivo para tachar a los Reyes Católicos o a la sola Isabel de
fanatismo religioso en el sentido peyorativo que se da a la palabra. La
expulsión de los judíos fue un acto de una terrible dureza y fue llevada a
cabo en condiciones particularmente inhumanas, sin miramientos ni
escrúpulos, pero aquella dureza y aquella inhumanidad no fueron peores que
otros acontecimientos que ocurrieron en la época y en toda época, dentro y
fuera de España. Pensemos en la manera en la que se desarrollaron varios
episodios de la guerra de Granada, por ejemplo cuando se redujo a esclavitud
a toda la población de Málaga. Nada nos autoriza, en el caso del
tratamiento dado a los judíos, a achacar al fanatismo religioso de los reyes
esta medida, por cruel que parezca. La razón de los Estados nos ha
acostumbrado a semejantes atropellos a los derechos humanos. La idea de
expulsar a los judíos parte de la Inquisición; de esto no hay duda y se
explica por motivos de carácter religioso: a muchos, en Europa -ya hemos
visto cómo reacciona el alemán Popielovo- les extraña la singularidad de
España, donde los judíos siguen teniendo una existencia legal. Parece ser
que, en Sevilla (1478-1479), el nuncio Nicolás Franco transmitió a los reyes
las preocupaciones del papa Sixto IV por la anomalía que significaba aquel
hecho. El mismo Sixto IV, en una bula de 1484, no disimula su disgusto: «en
los reinos de España, y sobre todo en la provincia de Andalucía, judíos y
sarracenos viven mezclados y juntos con los cristianos y que visten la misma
clase de trajes que éstos». Torquemada hace suyo el argumento y lo
desarrolla: el objetivo final del cristianismo es lograr que los judíos se
conviertan, pero la esperanza de lograrlo se pierde si el
judaísmo sigue siendo legalmente autorizado; además el estátus jurídico de
los judíos incita a los conversos a judaizar; la solución definitiva del
problema converso exige, pues, la prohibición del judaísmo 21 (
PÁRAMO (De origine e! progressu Officii Sanctae Inquisitionis...,
Madrid, 1598, p. 163) confirma esta interpretación: Torquemada ha sido
el que convenció a los Reyes Católicos de que había que expulsar a los
judíos porque éstos constituían el principal obstáculo a la asimilación de
los conversos.). Es
interesante observar que éste ya fue uno de los argumentos que se esgrimió
para justificar la expulsión de los judíos de Inglaterra: su presencia
impedía que se asimilaran completamente los convertidos y les incitaba a
judaizar 22 (
C. Rorn, Histoire des marrones,
París, Liana Levi, 1992, pp. 13-14.). A la Inquisición le pareció, pues, la expulsión de los judíos la
mejor forma de acabar con los conversos judaizantes: quitada la causa -la
comunicación con los judíos-, desaparecería el delito. Éstos son los motivos
que se exponen largamente en las tres versiones del edicto de expulsión. Los
Reyes Católicos toman la idea a su cuenta, pero esto no quiere decir que
obren bajo la presión de los inquisidores. Las preocupaciones, para ellos,
también son religiosas: la herejía no es de su agrado; quieren limpiar
el reino de ella. También hay que tener en cuenta el ambiente mesiánico
en el que vive la corte después de la toma de Granada: los reyes deben de
estar convencidos de que ya ha llegado la hora de que se marchen los judíos;
aquella premisa escatológica parece implícita en la redacción del decreto de
expulsión. Además sus preocupaciones son políticas: esperan que la
eliminación del judaísmo facilite la asimilación definitiva y la integración
de los conversos en la sociedad española. El acuerdo entre los inquisidores
y los reyes sobre la decisión disimula un desacuerdo sobre los motivos de
aquella decisión.
Hemos señalado varias veces la correlación
que se da casi siempre entre los momentos de máxima tensión antijudía y las
épocas de crisis económicas o debilitamiento del poder político. Es entonces
cuando se procura achacar a los judíos la responsabilidad de las
dificultades o cuando las facciones usan del tema judío para atraer
partidarios a su causa. Las matanzas de 1391 constituyeron la más clara
demostración de aquella regla; el hambre y la carestía coincidieron con un vacío de poder, con lo cual
los energúmenos de Fernán Martínez tuvieron rienda suelta. Las medidas discriminatorias de los Reyes Católicos no parecen adecuarse a este esquema. Castilla
conoce un período de expansión y nadie se atreve ya a luchar contra el poder
estatal y sus representantes. La comunidad judía se recupera y la protección
real le garantiza la seguridad. Sin embargo, es entonces cuando el judaísmo
español sufre la más grave tragedia de su historia hasta quedar totalmente
eliminado. Es que la monarquía de los Reyes Católicos se está alejando en
aquella época de los moldes medievales. Algo nuevo se está gestando que
implica planteamientos originales. Luis Suárez Fernández está en lo cierto al
situar la expulsión de los judíos dentro del proceso de construcción del Estado
moderno. Este Estado, que trata de imponer su autoridad -el poderío real absoluto- a todos los grupos e individuos del reino, ya no se daba por
satisfecho de la variedad de los tiempos medievales. Exigía una mayor cohesión
social y para ello la unidad de fe parecía lo más apropiado. «Antes de los
nacionalismos forjados en el siglo XIX -escribe Braudel-, los pueblos no se
sentían verdaderamente vinculados más que por el sentimiento de pertenecer a
una misma religión». Lo explica muy bien Julián Marías: «En la Edad Moderna, que
empieza a ser racionalista, surge un principio de unitarismo y uniformidad. Se
piensa que, puesto que España es cristiana, los españoles deben ser
cristianos; se desliza en las mentes la noción, más o menos clara, de que el que
no es cristiano no es plenamente español, es en alguna medida "desleal", lo
que no se le hubiera ocurrido a un hombre de la Edad Media» 23 (
MARíAS, España inteligible, Madrid, Alianza
Editorial, 1985, p. 183). Estamos frente a
un típico problema de identidad nacional para los reyes de España, como para
todos los soberanos de Europa, la cohesión del cuerpo social exige la
asimilación de las comunidades minoritarias a la cultura dominante, considerada
como consustancial al concepto de nación. Así se comprenden, primero, la
creación de la Inquisición para obligar a los conversos a asimilarse
definitivamente, luego, el decreto de 1492: el que no quiera asimilarse -es
decir convertirse-, que salga del reino.
Los reyes esperaban probablemente que la inmensa
mayoría de los judíos de España se convirtiera; de esta forma, por vía compulsoria, se llegaría a la meta: una nación que comulgara en los mismos ideales.
No se trataba de racismo: lo que se pretendía desterrar no era una raza, sino un
credo religioso. Hoy nos parece una barbaridad -y lo es- semejante planteamiento
por el que se quiere obligar a una minoría a renunciar a su fe, a sus creencias
religiosas o filosóficas. En el siglo XVI se sienta la norma de que los súbditos
deben seguir la religión del príncipe ( cuius regio eius religio); cuando
éste es protestante, aquéllos también lo serán, mal que les pese; y si el
príncipe es católico, obligará a sus súbditos a serIo también; véase lo que
ocurre en Francia en el siglo XVII: Luis XIV expulsa sin miramientos a los
protestantes en 1685, en vísperas del Siglo de las Luces. Los judíos y los
protestantes de Francia han tenido que esperar hasta 1789 para quedar incorporados plenamente a la comunidad nacional; a los católicos de Inglaterra, sólo
en 1830 se les permitió gozar de los derechos cívicos. En toda Europa, y no
solamente en España, desde el inicio de la Edad Moderna, triunfa el principio de
unitarismo y racionalidad: la pertenencia a una nación exige la homogeneidad
cultural y ésta se fundó primero en la religión, mucho más tarde en normas
laicas. Al proceder a la expulsión de los judíos, España no se aleja, pues, de
la modernidad europea; no impone la uniformidad ideológica cuando Europa
comienza a caminar por la senda del pluralismo, sino todo la contrario: España
se anticipa a la que, en toda Europa, va a convertirse en norma hasta el final
del Antiguo Régimen: una ley, una fe, un rey. Los judíos de España fueron
víctimas de aquella norma. España no constituye ninguna excepción, salvo que
se adelantó a las demás naciones, tal vez porque no estaba aún totalmente
unificada. Más allá de las diferencias que siguen existiendo entre los
territorios castellanos y los de la Corona de Aragón, la comunidad de fe viene
a reforzar el sentimiento de solidaridad entre todos los súbditos. Las medidas
de los años 1480-1492 señalan un cambio significativo en la política religiosa
de la España medieval que, a decir verdad, representaba un caso singular en la
Europa cristiana. La tolerancia medieval -o la que se suele llamar así- se
explica por la situación de la Península, dividida en territorios moros y cristianos. Con el final de la reconquista ya no
tiene sentido tolerancia anterior; España se convierte en una nación cristiana más, como todas las que existen en Europa. No es
casual, el decreto de expulsión de los judíos se haya
firmado tres meses después de la toma de Granada.
Estas circunstancias, sin embargo, sólo explican
un aspecto de la cuestión. Hay otro que creo oportuno destacar. Lo que
desaparece en 1492 no es únicamente el judaísmo; es la comunidad judía con su
estatuto de relativa autonomía. Al leer algunos autores o ensayistas que han
tocado el tema se tiene la impresión de que se trata de una cuestión de
tolerancia religiosa a nivel individual: ¿qué más les daba a los reyes que
algunos de sus súbditos fuesen judíos y otros, la mayoría, cristianos? En
realidad, la situación antes de 1492 era mucho más compleja. El judaísmo no era
una simple cuestión individual; el catolicismo tampoco, por cierto. Estaba
organizado como una comunidad separada, una microsociedad, al margen de la
sociedad cristiana mayoritaria. Dentro de las aljamas, se regía por sus propias
normas jurídicas y culturales; disponía de sus propios dirigentes y jueces;
tenía no sólo lugares de culto, sino escuelas, cementerios..., que les eran
particulares; para mantener aquellas estructuras, recaudaba tasas especiales.
Los procuradores de las aljamas se reunían de vez en cuando en asambleas que
examinaban los problemas comunes a todas, particular pero no exclusivamente
las contribuciones que exigía la corona. O sea, que el judaísmo español no era
cosa privada y personal; tenía una estructura comunitaria dotada de autonomía;
formaba un enclave en la sociedad feudal. ¿Podía el Estado, sobre todo un Estado
moderno, con su afán de racionalización, admitir la permanencia de tal
estructura derogatoria, separada del derecho común? ¿Es compatible la presencia
de comunidades separadas y autónomas con la pertenencia a la nación? Este es el problema que tuvieron que
examinar los reyes; de la afirmación del derecho de cada uno a ser diferente se
pasa pronto a exigir una diferencia de derechos, es decir, la constitución de
comunidades separadas. La España de los Reyes Católicos resolvió el problema
de manera negativa. Lo que se pretendió entonces fue asimilar completamente a
judaizantes y judíos para que no existiera más que cristianos. Debieron de
pensar los reyes que la perspectiva de la expulsión animaría a los
judíos a convertirse masivamente y que así una paulatina asimilación acabaría
con los restos del judaísmo. Se equivocaron en esto. Una amplia proporción
prefirió marcharse, con todo lo que ello suponía de desgarramientos, sacrificios
y vejaciones, y seguir fieles a su fe. Se negaron rotundamente a la asimilación
que se les ofrecía como alternativa.
Se dirá: ¿por qué no se procedió de la misma
forma con los mudéjares que formaban minorías importantes en el valle del Ebro,
en el reino de Valencia y en el recién conquistado de Granada? No hay que
interpretar la diferencia del trato concedido a judíos y musulmanes en 1492 como
una renunciación de los soberanos a establecer la unidad religiosa de España. La
verdad es que el caso de los moros parecía menos urgente. Se pensaba en una
paulatina conversión de los moros. El primer arzobispo de Granada, fray Hernando
de Talavera, desarrolló en este sentido un apostolado y una política
persuasiva que contrasta con los métodos violentos empleados contra los judíos.
Esta política no podía dar resultados inmediatos. Por eso, a finales del siglo
xv, las autoridades decidieron anular varias de las garantías concedidas en
1492, cambio de actitud que provocó la sublevación de la población mora de
Granada en 1500. Dos años más tarde, los reyes aplicaron a los moros medidas
semejantes a las que habían tomado contra los judíos; se les obligó a
convertirse o a salir de España. La mayoría de ellos prefirió quedarse en
España; se hicieron católicos, pero los cristianos nuevos de moros, los
moriscos, cambiaron poca cosa a sus creencias, su existencia, sus costumbres. Ya
les llegará su turno a los moriscos que también serán expulsados a principios
del siglo XVll. En su esencia, el problema es el mismo, pero mudéjares,
primero, luego moriscos presentan características distintas de las de los
judíos y conversos. Forman minorías sumisas, estrechamente vigiladas por los
señores que explotan aquella mano de obra barata y dócil. Sobre todo los
moriscos -ellos también cristianos nuevos como los conversos, al fin y al
cabo no ocupan en la sociedad puestos relevantes, ni en la administración, ni
en el clero, ni en los negocios; viven en el campo o en la sierra ocupados en
sus labores, sin entrometerse en los asuntos de los cristianos. Por ello se
observa la relativa paciencia y mansedumbre con que fueron
tratados por las autoridades y por la Inquisición durante decenios hasta que, en
tiempos de Felipe II, decidió el Estado forzarlos a renunciar, no sólo a sus
creencias, sino a su lengua, a sus vestidos, a sus costumbres tradicionales. Se
trataba en este caso también de asimilar los moriscos al resto de la sociedad,
como se había hecho antes con los judíos. El resultado fue el mismo. En ambos
casos España fracasó.
¿Qué consecuencias tuvo para España la expulsión
de los judíos? En 1813, durante la discusión, en las Cortes de Cádiz, del
proyecto de decreto para suprimir el tribunal de la Inquisición, uno de los
oradores exclamó: «No debe reputarse por una paradoja decir que la ignorancia de
la religión, el atraso de las ciencias, la decadencia de las artes, del
comercio y de la agricultura y la despoblación y pobreza de España provienen
en gran parte del sistema de la Inquisición, porque la industria, las
ciencias, no menos que la religión, las hacen florecer hombres grandes
que fomentan, vivifican y enseñan con su ilustración, con su
elocuencia y con su ejemplo». Efectivamente, siguiendo esta línea, la
historiografía liberal del siglo XIX estuvo convencida de que la decadencia
de Espala se debía fundamentalmente a la política religiosa
inaugurada por los Reyes Católicos: la Inquisición, que se ensañaba contra los
conversos, y la expulsión de los judíos privaron a la nación de sus elites
económicas y culturales; el fanatismo impidió que España se desarrollara desde
el punto de vista material y científico; el prejuicio de la limpieza de sangre
sometió a los conversos -que eran los elementos más dinámicos y emprendedores de
la población española- a una serie de discriminaciones que les impidieron
dedicarse a fondo en los negocios y el cultivo de la ciencia; las actividades
económicas e intelectuales quedaron desvalorizadas por considerarlas privativas
de los conversos; los cristianos viejos se apartaron de ellas; todos querían ser
hidalgos, nadie mercader; España se hundió en la miseria y el oscurantismo.
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