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Según algunos autores, el Monasterio de Santa María la Real de Nájera fue en sus principios, y por algún tiempo, cabeza de Obispado, es decir, Sede Episcopal, y sus abades, prelados y priores fueron obispos de Nájera. Sandoval y Yepes, con otros escritores, se apoyan para tal afirmación en el privilegio real del 1052 que llaman testamento del rey don García, pues en él dice: Le di y le señalé asimismo el obispado que hay desde San Martín hasta Sotés. Lo cierto es que después de fundada la Abadía se hallan algunas escrituras en las que confirman obispos de Nájera. También aducen el contenido de la bula de lnocencio VIII, con ocasión de su separación de Cluny, dada en 1490, en la que se lee: «Es fama que allí (en la ciudad de Nájera) hubo antiguamente Iglesia Catedral, con su Obispo, clero y pueblo.» Esteban de Garibay recuerda cómo, por los años de 1170, el obispo de Calahorra, don Rodrigo, insistió en apoderarse de la jurisdicción eclesiástica y de los beneficios materiales inherentes a ella en La Rioja, fuera de los dominio de la diócesis que detentaba la Abadía de Santa María la Real y que sus abades ejercían desde su fundación y aun antes de que se fundara y de que don García reconquistara Calahorra, en 1045, Y restableciera en la ciudad de los mártires la Sede Episcopal era Nájera cabeza de Obispado. Se aduce, como prueba de que antes de que se fundara la Abadía existiese obispo en Nájera, porque el cardenal Baronio, García de Loaysa y Jerónimo de Blancas, insisten que en muchos Concilios y Sínodos nacionales, anteriores a 1052, suscriben entre los prelados, los obispos de Nájera, Tricio, Tobía y otros, según los tiempos, que se refieren a una misma diócesis, entre ellos don Benito, Benedicto, García, dos Sanchos y don Gómez. Se da con frecuencia en la Edad Media, en el período de la Reconquista, la fundación de monasterios y que sus abades se denominen obispos y los monarcas admiten su dignidad, sin que se produjera decisión de Metropolitano o Pontífice, por las dificultades de la guerra. En este caso podrían incluirse los de Valpuesta, Armentia, Oca y tal vez Nájera, en los siglos IX y X. Hay que distinguir los distintos estados en que se halló la jurisdicción del prelado de Nájera en el transcurso de los siglos. Desde su reconquista, en el año 925, hasta el año 1079, en que Santa María la Real fue unida a San Pedro de Cluny, es decir, durante medio siglo y bajo la dinastía de los Abarca, Nájera fue cabeza de Obispado, pero en 1052, y como consecuencia de la fundación de Santa María, en el Monasterio hubo monjes y capellanes (los de la Santa Cruz, bajo dos prelados distintos: el de la Abadía y el obispo de la Capellanía Mayor de la Santa Cruz. Desde que Calahorra fuera ocupada por los musulmanes, el obispo se veía obligado a residir fuera de su sede y pudo ser -y de hecho fue- huésped de su compañero de Nájera. Desde 1052 hasta 1078, parece ser que la jurisdicción religiosa estuvo repartida entre el obispo de Nájera y sus capellanes de la Santa Cruz y el abad de Santa María, ejerciéndola aquél en la diócesis y en los territorios que antes fueran de las de Valpuesta y Armentia, que le anexó García el de Nájera, también en la propia ciudad. La Abadía tenía jurisdicción episcopal en las parroquias anexas y en las de la circunscripción vecina de Santa Coloma, Bezares, Sojuela, Arenzana, Cirueña, etcétera. En 1046, el abad de San Millán se llamaba también obispo de la tierra de Nájera y su sucesor, don Munio, administró la jurisdicción anexa a Nájera hasta 1079. Esta fecha marca un nuevo estado en el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, pues al incorporarse a San Pedro de Cluny, el abad era prelado en todos los monasterios a la casa matriz incorporados, por tanto también de la que tuviera antes Santa María. Los pleitos entre la Abadia y el obispo de Calahorra fueron frecuentes y espectaculares. En el año 1122, en el Concilio de Lérida se trató de las querellas entre el Monasterio y el Obispado. Don Rodrigo denunció al prior y vicario del abad de Cluny Hugo y su representante en Nájera, por simoniaco, y el rey Alfonso VIII lo desterró. Esbirros de don Rodrigo invadieron el Monasterio, golpearon a los frailes, se llevaron la biblioteca y despojaron de sus ornamentos los altares, echó el obispo a los monjes y puso en Nájera canónigos de Calahorra; no obstante el rey ordenó se restituyeran los frailes a la Abadía; pero aquél les arrebató los fieles de las parroquias de la Santa Cruz y la de San Miguel, que sumó a los de San Jaime. Murió don Rodrigo, que puso la primera piedra del templo de Santo Domingo y quiso convertirlo en catedral, sin conseguirlo, si bien se elevó a colegiata. En 1190 era obispo de Calahorra don García. Los pleitos duraron muchos años hasta 1412, en que, siendo obispo de Calahorra don Diego de Zúñiga, don Raimundo, abad de Nájera, y su vicario y prior en Santa María, don Rodrigo, sometieron sus querellas al arbitraje de don Roberto de Moya, deán de Córdoba y arcediano de Nájera por la iglesia de Calahorra, quien sentenció que no le pertenecía al obispo jurisdicción alguna, por haber estado sujetas de antiguo a Santa María la Real y a sus prelados, excepto el derecho contencioso de las personas legas pertenecientes a las parroquias de Santa Cruz y de San Miguel de la ciudad de Nájera, pues la de San Jaime quedó para el obispo calagurritano.
Vivió Santa María la Real en paz hasta que en 1575 se aprobaron las decisiones del Concilio de Toledo y, amparados en ellas, los obispos don Juan Quiñones, don Juan de Ochoa de Salazar y don Pedro Manso removieron los pleitos con el Monasterio, haciéndoles gastar cuantiosas sumas en Roma y en España. Entre los graves conflictos que sufrió Santa María la Real en sus bienes y hacienda destaca el de 1368, cuando el rey Pedro I, después de vencer en Nájera, por segunda vez, a Enrique II, pues sabiendo el tesoro que tenia el Monasterio, en llegando a Burgos envió un alcalde, llamado Garci Pérez de Camargo, para que se le entregasen joyas y objetos de culto de mucho valor. Los monjes, apremiados por las órdenes reales y temerosos de las reacciones del rey en caso de resistirse a sus órdenes, le entregaron una cruz de dos tercias, en figura cuadrangular, toda de oro, llena de muchas y ricas piedras. Otra cruz grande de plata dorada y perfilada, de lo mismo en su pie, que pesaba cuarenta y cuatro marcos. Dos cruces de cristal grandes y dos candelabros muy crecidos de lo mismo, guarnecidos de plata dorada. Una imagen de Santa Ana, con Nuestra Señora en sus brazos y el Niño Jesús en los de su Madre, todos de plata con muchas piedras a trechos. Un brazo de San Vicente Mártir, engastado en plata y lleno de muchas y ricas piedras. Tres incensarios de plata grandes, uno de ellos dorado. Cuatro coronas muy ricas, dos de oro, dos de plata, guarnecidas de preciosas piedras. Un arca muy grande de plata, un retablo del mismo metal con el relieve de la Santa Cena. Dos frontales grandes de altar, cubiertos de hoja de oro, trabajados a martillo, con imágenes en relieve que tenía cada uno catorce piedras muy finas y veinticuatro granos de perlas grandes y veintitrés esmaltes muy crecidos. Uno de ellos lo donó a Santa María el fundador don García y el otro su hijo don Sancho y su mujer, doña Placencia, como expresan sus inscripciones. Más ocho cálices de plata, cuatro de ellos sobredorados. Una capa casulla riquísima de hilos de oro y de plata, sembrada de lobos y aspas, señales de la Casa de Haro. Otra casulla dalmática y capa de Hamete, veinticuatro capas, dieciséis cuchillos y otras muchas cosas que el prior don Guido apreció en sesenta mil escudos de oro. El rey don Pedro ordenó a Garci Pérez de Camargo que lo custodiase. Muerto el rey don Pedro y en el trono don Enrique, reclamó a éste el tesoro el abad don Guido. Falleció don Guido y le sucedió don Pedro García Dianez y en 1377 también recurrió al rey don Juan, quien envió al obispo de Burgos don Domingo y al Dr. Alvar Martínez para entender en las reclamaciones y éstos sentenciaron a Garci Pérez de Camargo a devolver cuanto se llevó del Monasterio. Alegó Garci Pérez que no pocas cosas sustrajeron los porteadores en su traslado y devolvió algunas, pero no se recuperaron los frontales y otras joyas. Respondieron los bienes y haciendas de Camargo en Cidadonga de Burgos y en Orbaneja y el abad dio las haciendas a los concejos de ambos pueblos a cambio de un censo perpetuo de treinta y cinco florines, conocido comúnmente en Santa María por «lo del tesoro». Algo semejante sucedió en tiempos de Enrique II, cuando el monarca envió a sus gentes para prender a don Diego Manrique, conde de Treviño y adelantado de León, las cuales, so capa de cumplir las órdenes reales, saquearon el Monasterio, y aunque el rey ordenó se devolviera lo robado, muchas cosas no se recuperaron y en descargo de su conciencia otorgó a la Abadía un juro perpetuo de tres mil maravedises sobre las alcabalas reales de la ciudad de Nájera. Otros muchos aprietos sufrió la real casa, como en 1560, cuando el Dr. Alvaro de Cabredo le despojó de la Capellanía Mayor de la Santa Cruz, lo que supuso una pérdida de muchos millares de ducados en censos y décimas. Además, calcularon en más de 50.000 ducados lo que costaron las gestiones y pleitos con el Obispado de Calahorra, así como más de veinticuatro mil en reponer los objetos del culto y ropas de altar. En 1633, cuando fray Juan de Salazar escribe su Náxara Ilustrada, todavía eran grandiosas las riquezas del Monasterio y su jurisdicción eclesiástica muy extensa, como revela la descripción de los 84 monasterios que la integraban, expuesta en su capítulo veinte, pero eran sólo los restos de la inmensa hacienda con que fue dotado por la munificencia de los reyes y magnates y que reseña don Constantino Garrán en su obra Santa Maria la Real, Monumento histórico-nacional, Soria, 1909, pp. 12, 13,13 y 15. Mucho sufrió el Monasterio en su dignidad y grandeza en el transcurso de los años, especialmente con la Guerra de la Independencia, la desamortización de Mendizábal, la supresión de conventos, las guerras carlistas, el abandono y la desconsideración públicas hasta que el tesón y el amor a su patria chica del ilustre najerino don Constantino Garrán consiguieron por la R.O. de 17 de octubre de 1889 la declaración de Monumento Nacional, que los PP. Franciscanos se hicieran cargo de su conservación por la R.O. de 25 de abril de 1895 e hicieran su solemne entrada en la ciudad el 21 de julio del mismo año, así como la R.O. de 10 de abril de 1908, por la que se mandó proceder a las obras de restauración, cuya inauguración tuvo lugar el 25 de julio del mismo año. (J. Garcia Prado.)
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